Recurso de revisión
Es un mecanismo de defensa que procede contra sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Los asuntos son resueltos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y solo procede por las siguientes causales:
- Haberse encontrado o recobrado, después de dictada la sentencia, documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, que el recurrente no pudo aportar por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.
- Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
- Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
- Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
- Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
- Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
- No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perderla con posterioridad o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
- Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso. No habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Término: un (1) año para interponerlo.
Unificación de jurisprudencia
El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida.
Procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.
Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, procede cuando la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición:
- Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.
- Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre el monto, la distribución o la asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.
- Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.
- Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra servidores o exservidores públicos y particulares que cumplan funciones públicas.
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional, el recurso procede sin consideración de la cuantía. No procede para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.
Término: diez (10) días para interponerlo y sustentarlo.
Servicios
- Asesoría especializada.
- Elaboración del recurso.
- Suspensión del cumplimiento de la providencia, según el caso.
- Audiencias de sustentación.
- Admisión del recurso.